EN LADO OBSCURO DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Imagen tomada de Internet

Tremenda polémica social ha causado la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que recientemente hiciera la Cámara de Diputados, con la votación mayoritaria de la bancada de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional y algunos Diputados del Partido Acción Nacional. Ahora toca el turno a la Cámara de Senadores de hacer la revisión y en su caso aprobación; coyuntura que ha sido aprovechada por varios grupos sociales defensores de los derechos humanos para señalar las inconsistencias de dicha ley y el daño que implicaría a la sociedad su aprobación y aplicación.

A la polémica se han sumado personajes de todos los sectores sociales, manifestando su rechazo y miedo al otorgársele a las fuerzas armadas funciones de policía, las cuales según la Constitución Federal están reservadas para autoridades civiles. El artículo 21 del ordenamiento federal así lo expresa, señalando que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.”

Siendo esta una de las principales preocupaciones y desacuerdos que diversos representantes de la sociedad  civil han manifestado a través de las redes sociales, y no les falta razón hasta cierto punto, pues la señalada ley en su artículo 29 faculta a la Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente, léase “Fuerzas Armadas”, para que bajo la vigencia de una “Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior” puedan entre otras atribuciones:

 

  • Participar, en auxilio del Ministerio Público y bajo su conducción y mando, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; (Aquí es donde se invade ya una facultad que el texto constitucional reserva para la policía.)

 

  • Coadyuvar de manera subsidiaria con las autoridades ministeriales, bajo solicitud, mando y conducción de éstas, en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales; (Es decir las Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente ejecutaran ordenes de aprehensión)

 

  • Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la legislación aplicable;

 

  • Recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación en caso de flagrancia o por instrucción del Ministerio Público; (Habrá que ver que tan voluntaria puede darse una entrevista ante las armas largas de los militares)

 

  • Realizar inspección de bienes y personas en los puestos de revisión en la vía pública, en los términos previstos en la presente Ley, y

 

  • Emplear el uso legítimo de la fuerza en los términos previstos en la presente Ley.

 

De la simple lectura del artículo de la ley que se comenta, se puede apreciar en que todas las atribuciones que se le están dando a las Fuerzas Armadas son las que corresponden a la policía por mandato constitucional, y es aquí donde se tiene un temor fundado por parte de la sociedad de que la seguridad pública se militarice, como consecuencia de una ley que es obscura en su redacción.

Lo que la ciudadanía esta temiendo es que esa facultad de hacer una “Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior”  en cualquier región del país queda a la discrecionalidad del Presidente de la República, que si bien es cierto también se le da esa facultad de solicitarla a los Gobernadores, Congresos Locales y al Senado según quedo plasmado en el artículo 16 de dicho ordenamiento, también lo es que el Presidente de México tendría en sus manos un arma que podría utilizar a su conveniencia política en cualquier momento, pues esta solicitud de “Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior”   la realiza ante un “Comité” que está compuesto por puros subordinados de su gabinete.

A los ciudadanos les inquieta mucho que se les den facultades a las Fuerzas Armadas para que dentro de este contexto, se lleven a cabo como la ley lo señala inspecciones de bienes y revisión de personas en puestos de revisión en la vía pública, y se les autorice el uso legitimo de la fuerza, cuando se esté ante “amenazas” contra la seguridad interior.

Teniendo en consideración que la Ley de Seguridad Interior señala que La Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrán hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de afectación a la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave; impedir la comisión inminente o real de delitos; proteger de una agresión bienes jurídicos tutelados; actuar en legítima defensa; y, controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia.

Es un hecho cierto que se viven niveles de inseguridad a nivel nacional como hacía tiempo no se habían vivido, y se entiende que el gobierno en su afán de regresar la tranquilidad a los ciudadanos está planteando esta estrategia a través de la Ley de Seguridad Interna, sin embargo no es legislando al vapor como se encontraran las soluciones adecuadas, se debe escuchar a la sociedad civil y a los expertos en los temas que involucra la ley; no sea que les salga el tiro por la culata.

 

 

 

 

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