¡TORMENTA LIDIA, SEGUNDA ADVERTENCIA!

 

Imagen tomada de Internet.

Después del impacto del huracán Odile en nuestro municipio, y dado el nivel de afectación que dejo en la infraestructura de toda la zona de Los Cabos, se hicieron varias observaciones por los ciudadanos respecto a la forma de construir y los materiales que se utilizan para ello. Los mismos peritos en construcción, tanto ingenieros como arquitectos manifestaron su preocupación y a través de sus propios colegios hicieron propuestas para modificar el reglamento de construcción de nuestro Estado. Fueron meses de arduo trabajo, discusiones de las propuestas en las mesas de trabajo que se establecieron para ese fin en el palacio de gobierno de la ciudad capital. Después de varios meses finalmente se tenía básicamente un nuevo reglamento de construcciones para el Estado, nutrido con las experiencias aprendidas durante el paso del huracán Odile, solo faltaba la aprobación por parte del Ejecutivo del Estado; sin embargo se atravesó la época de las elecciones de un nuevo gobernador, presidentes y diputados, y ese nuevo reglamento se quedo como dicen los legisladores en la “congeladora” o bien guardado en algún gabinete gubernamental.

Durante la reconstrucción de los inmuebles dañados por la fuerza del viento del huracán Odile, fue bastante sorpresivo el ver que se utilizaban los mismos materiales que habían demostrado no soportar las rachas de viento de un huracán, el uso de materiales como la tabla roca, los grandes ventanales de cristal, el uso de tejas de barro, etc., se volvían a colocar sin empacho alguno por los constructores. Definitivamente la lección que nos dio el huracán Odile con sus potentes rachas de viento no se aprendió.

En nuestro país poco se escribe sobre desastres, de los fenómenos meteorológicos que han devastado algún punto de  México no se encuentran documentados como se debiera, no existe información que sirva de precedente para planificar la atención de los posibles desastres que se ocasionaran con los próximos fenómenos meteorológicos.  Es de recordarse y aplaudirse el documental llamado “ODILE” dirigido por quien hoy es el cronista oficial del municipio, el Licenciado Gabriel Fonseca Verdugo, quien recopilo material audiovisual muy impactante sobre las afectaciones del huracán, y el comportamiento irracional de muchos ciudadanos que saquearon una gran cantidad de comercios, además de las entrevistas y testimonios de distintos personajes de la comunidad, donde por cierto se me distinguió siendo parte de los entrevistados. De esa entrevista que me hiciera el propio Director Gabriel  Fonseca Verdugo,  recuerdo una frase que dije enfáticamente y que hoy quiero escribir “ODILE FUE UNA ADVERTENCIA.” Y es que lo que se vivió durante y después del huracán cambio la historia de los fenómenos meteorológicos que habían azotado al municipio. Escuche a alguien decir que Los Cabos había perdido su virginidad, pues nunca se había visto tanta destrucción y un caos generalizado producto de una sociedad sorda e incrédula a los avisos del inminente impacto del huracán, autoridades que no tenían ni idea de cómo atender el desastre y que ante su impotencia algunos simplemente se escondieron y otros se sumaron a los saqueos de los negocios.

Esta vez nos llega una segunda advertencia a través de la Tormenta Lidia, que a pesar de no haber alcanzado la categoría de huracán, sus intensas lluvias fueron suficientemente para descubrir lo que se ha estado haciendo mal, y no solo hay que referirse a las zonas de invasión asentadas en zonas de alto riesgo, sino también a las construcciones formales supuestamente legalmente autorizadas por la autoridad, pero que se hicieron también en plena desembocadura de los arroyos. Los ciudadanos oriundos lo sabían y lo habían advertido, pues la experiencia de ver desaparecer al llamado “pueblo viejo” tras las lluvias de los años treintas, los había hecho mudarse a un lugar más alto. Era cuestión de tiempo para que otra gran lluvia llegara a reclamar lo que le pertenece a la naturaleza, pero esta vez  además de las construcciones, se llevo la vida de varios ciudadanos cuyo número aún no ha sido precisado.

Es del dominio público el hecho de que colapso un edificio de departamentos en la colonia Chula Vista y que otros tienen serios daños. Como es costumbre en México después de ocurrida una tragedia, se inicia la búsqueda de los culpables, las declaraciones de la clase política proponiendo nuevas leyes, reformas a la existentes y un castigo ejemplar a los responsables. Declaraciones que solo se dicen porque algo tienen que decir y no porque tengan algo que decir. No hace falta hacer más leyes, somos uno de los países que más leyes tiene, lo que hace falta es que se apliquen las que ya existen y que las autoridades de procuración de justicia realmente cumplan con su función de proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune.

En la Ley General de Protección Civil se tiene contemplado como “delito grave” construcciones como la de la colonia Chula Vista en Cabo San Lucas, el artículo 84 señala que  se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Habrá que investigar si existió un análisis de riesgo y si se definieron las medidas para reducir el mismo, además de haberse considerado los Atlas de Riesgo. También hay que recordar que el mismo ordenamiento legal señala quienes son las autoridades competentes para la aplicación de este articulado considerando que es una responsabilidad compartida por los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno y sus dependencias, así como de la Procuraduría General de la República.

Y por ultimo vale la pena señalar lo que el artículo 90 señala: La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

Hay un delito, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa, y muchas víctimas…no hacen falta más leyes, sino acciones.

 

 

 

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