¿MILES DE PRESOS A LA CALLE?

Imagen bajada de Internet.

 Recientemente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunciaba a los medios de comunicación con tono de preocupación y de molestia, que de acuerdo a una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miles de presos saldrían en libertad, y que la sociedad debería de estar preparada. Desde luego que ante tal anuncio toda la sociedad mexicana se alarmo, y comenzó a comentar en las redes sociales su preocupación ante el inminente crecimiento de la violencia con tantos delincuentes liberados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La alarmante noticia desde luego que atrae a todos los reflectores de los medios de comunicación, y alumbra el escenario del audaz político que hace esas declaraciones en tiempos prácticamente ya de campañas electorales con miras a las elecciones del 2018. También otros gobernadores siguiendo la estrategia de Mancera, han empezado a opinar sobre el tema, anunciando la dotación de presos que supuestamente serán liberados en cada uno de sus estados, los cuales se cuentan por miles. Declaraciones que dejan mucho que decir de su cultura jurídica o de quienes les asesoran en la materia; más bien parece ser que esas declaraciones tienen como sustento una campaña de marketing político y no de conocimientos jurídicos.

Por otro lado la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) ha acordado exigir a los legisladores se reforme el Nuevo Sistema de Justicia Pena Acusatorio (Juicios Orales) en virtud de que, es un sistema de justicia según ellos “Hipergarantista”, que protege demasiado los derechos de los delincuentes, los cuales no van a prisión preventiva como sucedía en el anterior sistema de justicia, sino son puestos en libertad con alguna medida cautelar mínima. Exigen que se cambie el catalogo de los delitos que merezcan prisión preventiva, como lo es el caso del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, el cual no amerita la prisión preventiva por no ser considerado como delito grave.

Debido a este pequeño detalle legislativo, según la Procuraduría General de La República (PGR), de 6,905 imputados presentados ante el Juez de Control, mas de 5,000 fueron dejados en libertad por el Juez al no ser considerado como delito grave. Una fácil primera reacción ante esta preocupante noticia, seria culpar a los jueces que toman estas determinaciones, y es que es a los jueces a quienes les toca bailar con la más fea, al ser cuestionados y sacrificados por sus resoluciones al aplicar la ley. Un claro ejemplo de ello, es el caso tan conocido de los jueces de Chihuahua, que absolvieron al asesino confeso de la joven Rubí, y que les costó el trabajo y rechazo social. Caso que ya anunciaba en el 2010 las imperfecciones de un Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, para el cual ni la idiosincrasia mexicana, ni los operadores del sistema de justicia penal estaban preparados.

Lo que muchos expertos juristas anunciaban, desde antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio Adversarial se volvió una realidad, el Sistema de Justicia esta colapsándose y si no se apuntala jurídica y socialmente hablando, se agravara la impunidad de los delitos que se comenten diariamente en nuestro país. Lo que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunciaba referente a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia, respecto a que los presos que habían sido juzgados en el antiguo sistema de justicia, podían solicitar la revisión de su caso y reclamar los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es solo una muestra de las aparentes inconsistencias o irregularidades del Sistema.

En este caso en particular, debe precisarse que para el Nuevo Sistema de Justica Penal, de acuerdo al artículo 19 Constitucional en su segundo párrafo, el juez solamente ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En el mismo tenor los artículos 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva; y que el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por lo tanto, los delitos que no están señalados en el artículo 19 Constitucional y en los artículos correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, no son graves.

Aunado a lo anterior, el artículo 5 transitorio del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales abre la posibilidad a los presos que hayan cometido el ilícito con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, y que tengan una medida privativa de libertad o de prisión preventiva, a que dichas medidas sean revisadas por el juez de la causa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que tomando en consideración la evaluación de riesgo, puedan alcanzar su libertad, en virtud de que los delitos que cometieron no son graves en el nuevo sistema de justicia penal.

Ahora bien, esta determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte, por sí sola no pone en la calle a los miles de delincuentes que ya anuncian los gobernadores de los Estados, puesto que primero habrá que ver cuántos de los presos tienen la capacidad económica para pagar los servicios de un abogado que promueva tal beneficio; segundo, de los reos que si tengan los recursos, cuantos casos están en las circunstancias señaladas por la Suprema Corte, y tercero, que no se le olvide a los Estados que a través de las procuradurías generales de justicia, tienen el encargo de evitar la salida masiva de los reos que se acojan al beneficio, pues existe una condicionante fundamental que está a cargo del Estado, y es la evaluación de riesgo, misma que al parecer no han estado haciendo las procuradurías.

En palabras de varios juristas expertos en el tema, el problema no está tanto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, si no en los operadores y la sociedad que siguen con los paradigmas del viejo sistema, donde la venganza social y la desconfianza eran pilares.

 

 

  

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s