¿Legítima Defensa o Licencia Para Matar?

Tal parece que ante el aumento de la delincuencia en todo el país, tanto en los delitos de los llamados de alto impacto en materia federal, como aquellos considerados del fuero común, el resquebrajamiento temprano del tan anunciado y presumido Nuevo Sistema de Justicia Penal, la falta de policías preventivos en los municipios, y el hartazgo de los ciudadanos al no percibir que existe la procuración e impartición de justicia; a los diputados de los Estados de Nuevo León y Guanajuato, no les ha quedado de otra que otorgar “Licencia Para Matar” a los ciudadanos.

Ambos Estados recientemente reformaron sus códigos penales respecto a la figura de la “Legítima Defensa”, la cual es una causa de justificación del delito, que se puede alegar cuando un ciudadano al repeler una agresión mata al agresor con la finalidad de evitar la afectación de su integridad física, la de sus seres queridos o de los que tiene la obligación de cuidar. El tema a discutir no se centra en la figura de la legítima defensa dentro del derecho penal, debido a que ya en todas las legislaciones estatales y la federal se contempla, pero existen limitantes para evitar un exceso en la legítima defensa. La argumentación de los legisladores locales de los Estados mencionados, se centran en el derecho que tiene el ciudadano de privar de la vida al individuo que irrumpa en su hogar, si siente que su vida, la de sus familiares o personas que los acompañen se encuentran en riesgo.

La iniciativa de los diputados del Congreso de Nuevo León contempla la reforma del artículo 17 del Código Penal, en el que enumeran las causas  de justificación, destacándose los señalado en el segundo párrafo de la fracción IV, precisando que “se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado,  o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.”

“Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen.

De la lectura de la fracción transcrita se puede resumir que existirá “legítima defensa” cuando el potencial agresor sea sorprendido escalando o fracturando los cercados, paredes, o entrada de la casa o departamento habitado. (Ojala esta columna la lean los trabajadores de las empresas de Cable, teléfonos, y sistemas de televisión satelital que en ocasiones irrumpen propiedades ajenas durante la instalación de sus servicios, no los vayan a confundir)

También contempla la misma justificación cuando el hogar no sea el habitual del que repele la agresión, o sea un hogar ajeno del cual tenga la obligación de proteger, (aquí contemplaría a los agentes de seguridad privada).

La justificación de la legítima defensa, va más allá de proteger el hogar y sus habitantes, y se extiende hasta la protección del local donde se encuentren sus bienes o bienes ajenos de los cuales tenga obligación de proteger.

En cuanto a la legislación del Estado de Guanajuato, la legítima defensa se contempla en la fracción XI del artículo 33 del Código Penal, señalando que “el delito se excluye cuando se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegitima por intrusión actual a casa habitación.” Lo anterior sin necesidad de entrar en valoraciones si fue racional o proporcional la defensa realizada. Quedando pendiente la discusión si se ampliaría la legítima defensa también a la protección de los comercios y los automóviles.

En Baja California Sur, también se contempla la figura de la legítima defensa en el Código Penal en su artículo 31 fracción VI, pero para que se pueda argumentar que se hizo uso de la legítima defensa deben existir ciertas circunstancias. “Que se repela una agresión real, actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional y proporcional de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.

En los casos de agresiones provenientes de menores de 18 años se evitará lesionar al agresor y sólo se ejercerá la defensa necesaria ante ataques graves. La contravención a esta disposición será considerada un exceso en la legítima defensa conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de este Código.

Como se puede apreciar de la simple lectura del artículo en comento, a diferencia de los códigos penales de los Estados de Nuevo León y Guanajuato, en el código penal de nuestro estado precisa que para que exista legítima defensa, debe existir como requisito “que exista necesidad racional y proporcional de la defensa empleada”.

El legislador sudcaliforniano le impone una condición al ciudadano para poder actuar en defensa de su vida, la de su familia, bienes propios o ajenos; debe valorar la existencia de una necesidad racional y elegir un medio de defensa proporcional, es decir, si un delincuente irrumpe en un domicilio armado con cuchillo no se le ocurra a sus ocupantes utilizar un arma de fuego para matar al agresor, porque entonces al no existir proporcionalidad en la defensa, no se daría la legítima defensa como tal, sino un exceso en la legítima defensa, lo que se castiga con pena de prisión.

Preocupante la inseguridad que se vive en nuestra sociedad, pero más debería preocuparnos las soluciones que al vapor legislativo se aprueban en los congresos; aquella máxima de que “nadie puede hacerse justicia por propia mano” con tal de callar los reclamos de los ciudadanos, podría pronto quedar en el olvido.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s