LAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA

 

¡Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen! Así se gritaba con voces enardecidas por legisladores federales desde las tribunas de la Cámaras de Diputados y Senadores, cuando se anunciaba que por fin en México se iba a procurar y a impartir esa justicia que tanto han reclamado los ciudadanos. Se anunciaba la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, un sistema de justicia que acabaría por fin con la corrupción, con los abusos de poder del ente que originalmente se había creado para representar y defender a la sociedad, pero que en los últimos años era la misma sociedad quien se defendía de su defensor, el Agente del Ministerio Publico.

Que por fin se iba a imponer una vigilancia estricta sobre la actuación del Ministerio Publico, quitándole su poderosa arma investida de fe pública, con la cual hacia valido lo invalido, creaba pruebas para imputar delitos inexistentes, para detener ilegalmente a ciudadanos a los que no podían comprobarles que habían cometido otro ilícito mayor, por lo que con su fe pública le daban validez a documentos y actuaciones que no lo eran; pues su labor no era la de procurar justicia, sino de entregar números a sus superiores, aunque esto implicara crear falsos delincuentes.

Se hablaba mucho de eliminar las viejas prácticas, y se espera con cierta incredulidad que ya sean cosa del pasado (pero se duda), como el de imputar el delito de “ultrajes a la autoridad” a quienes se quería detener para ganar tiempo mientras se realizaba la investigación y se recolectaban pruebas para consignarlo ante el juez con la verdadera pretensión del Ministerio Publico. Y es que esta práctica ilegal de detener y retener a los ciudadanos mientras eran investigados por la supuesta comisión de otros delitos, fue tan común y se sabía que era practicada con esa finalidad en varios Estados de la República, cometiéndose con ello un verdadero abuso de poder y la violación de los derechos humanos del ciudadano detenido, pues bastaba que un oficial de la policía informara a su superior que se había hecho la detención del ciudadano porque este les había ofendido con palabras altisonantes; fue así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos en el Código Penal del entonces Distrito Federal, lo invalido por considerar que su redacción era confusa e imprecisa, y violaba la libertad de expresión.

Se presumía también de la aparición de un nuevo ángel de la justicia penal en la figura del Juez de Control, que se encargaría de jalar la rienda del Agente del Ministerio Público para evitar que atropellara los derechos fundamentales de los ciudadanos y respetara por fin el debido proceso. Sin embargo, lograr la judicialización de una carpeta de investigación cuando se trata de delitos en contra del patrimonio de las personas, se ha convertido en una verdadera odisea, porque aquella frase sacramental que se lee en nuestra Constitución “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes” sigue siendo una falacia, en este ya no tan nuevo Sistema de Justicia Penal.

Y es que, ¿cómo llegar ante el Juez de Control para reclamar justicia?, cuando de nueva cuenta el defensor de la sociedad sigue siendo el primer enemigo de la misma. Se llega ante el Agente del Ministerio Publico a presentar una querella o denuncia de un hecho que la ley señala como delito, como lo es el Fraude sancionado por el artículo 239 del Código Penal de nuestro estado, donde se señala que “al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que este se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de hasta de cien días”. Y tan pronto se expresan los hechos ya sea de manera escrita o por comparecencia, el Ministerio Publico determina que debido a que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales le da la facultad de abstenerse de investigar los hechos denunciados no lo hará, por considerar que no se trata de un delito, de acuerdo a lo señalado en su artículo 253. Por lo tanto, el sabio consejo jurídico del Agente del Ministerio Publico es que se acuda ante los tribunales civiles a entablar una demanda, pues el asunto es de carácter civil y no penal. Hasta aquí pareciera ser correcta la actuación del Ministerio Publico, sin embargo haremos uso de un ejemplo donde cualquier parecido con uno de la vida real es mera coincidencia.

Juan Pérez un ciudadano honesto y con estudios hasta tercero de primaria, cuya capacidad intelectual apenas le es suficiente para mal leer, con mucho trabajo ahorro cincuenta mil pesos para comprarse un automóvil, Pedro López un vendedor de autos, ve la oportunidad de colocar uno de sus autos y se lo vende a Juan Pérez, diciéndole que el automóvil está en perfectas condiciones mecánicas, constituyéndose con esto el “engaño”, requisito para configurarse el delito de “fraude”. A los pocos días, ese vehículo comienza a fallar del motor y un mecánico le dice a Juan Pérez que su vehículo esta por “desvielarse” que el motor no sirve. Juan Pérez acude con el vendedor a reclamar y le devuelve el automóvil, y como respuesta del vendedor solo recibe la clásica frase de los vendedores abusivos y sin escrúpulos, “hazle como quieras yo no te regreso el dinero”.

Juan Pérez acude ante el defensor de los intereses de la sociedad, el Agente del Ministerio Publico para que lo defienda del perjuicio que ha sufrido su patrimonio, y lejos de aceptar abrir una carpeta de investigación, tajantemente le dice que se abstendrá de investigar los hechos denunciados porque se lo permite la ley, y que si quiere recuperar su dinero acuda a los tribunales civiles. Así de fácil se sacuden el trabajo que la sociedad les encomendó, y bien podría el señor Juan Pérez acudir a los tribunales civiles a promover su demanda, si tuviera el dinero suficiente para pagar un abogado y soportar los gastos de un juicio civil que probablemente dure por lo menos dos años, debido a la excesiva carga de trabajo de los mismos.

Son indignantes las injusticias de la justicia, pero lo que más indigna, es que la orden de sacudirse la mayor cantidad de asuntos que se puedan por parte de los Agentes del Ministerio Publico utilizando estas argucias, venga de arriba, y que esta aparente pereza por investigar del representante social, se convierta en una política criminal dictada por quien debería defender a la sociedad y no sacrificarla para presumir que los índices delictivos van a la baja.

 

 

 

 

 

 

 

 

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