iHOY, NOS CHINGAMOS AL ESTADO!

8-1p-7-1000x600Para algunos lectores sonara fuerte y de poca educación la palabra “chingar” porque siempre se ha considerado como una palabra grosera, que no se debe utilizar por las personas que se consideran educadas y bien portados; sin embargo, esta palabra ya no es nada, frente a otras que se usan frecuentemente por el grueso de la población, sin importar la edad y la circunstancias por las cuales se expresan.

La palabra chingar esta reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, quien dice que su significado proviene del caló cingararar “pelear” o “practicar el coito con alguien”. De aquí las palabras “hijo de la chingada”, las cuales se usaban para nombrar al hijo de mujer indígena y hombre español, pues era el resultado de una violación sexual.

Es un hecho reconocido que los mexicanos usamos las palabras anteriores y otras tantas que provienen de la misma raíz, más que cualquier otro pueblo latinoamericano donde también se usa pero con significado diferente.

Cuando el 21 de febrero en los programas de noticias de televisión nacional e internacional  se escucho a una joven mujer indígena decir textualmente: “no estamos contentas, pero hoy nos chingamos al Estado y no nos queda más que solidarizarnos con otras víctimas”. A más de uno causo el enrojecimiento de las mejilla al escuchar semejante palabra “Nos chingamos al Estado” tal vez no por lo que resumía esa frase sin por la apariencia grosera de la palabra. A otros tantos más les causo gracia y regocijo el atrevimiento de la joven mujer indígena quien no se empequeñeció ante la presencia del titular de la Procuraduría General de la República, la temida PGR.

El procurador general Raúl Cervantes quien se gano la rifa del león al tomar las riendas la PGR, era obligado a ofrecer un “usted disculpe” públicamente a tres mujeres indígenas que en agosto del 2006, fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la ya extinta Agencia Federal de Investigación. Imagine usted a tres humildes mujeres indígenas sometiendo a 6 policías federales para secuestrarlos, esa historia era más falsa que una moneda de tres pesos.

Las tres mujeres indígenas fueron encontradas culpables y sentenciadas a pasar 21 años en prisión, con un cumulo de pruebas fabricadas con toda la maquinaria maquiavélica de la máxima institución representante social del Estado,  privándolas de la garantía de una defensa legal adecuada.

Gracias a una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, fueron liberadas el 15 de septiembre del 2009, pasando estas mujeres 3 años y ocho meses en prisión, casi 4 años en los cuales sufrieron vejaciones y penurias, quedando dañada severamente su moral y su reputación ante la sociedad.

Si bien es cierto, en el 2009 Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio habían sido liberadas,no menos cierto era aun quedaba pendiente el reconocimiento de su inocencia por parte de la autoridad que les había robado 3 años y ocho meses de sus vidas y les había arrebatado la tranquilidad que tenían antes de sufrir esta injusticia.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió las disculpas públicas a la PGR, debido a que ésta se había negado a pagar una indemnización y a reconocer la inocencia de las tres mujeres indígenas.

Exigencia que se cumplió el pasado 21 de febrero del 2017, ante el regocijo de la población y la cara inexpresiva del titular de la Procuraduría General de la República.

Ahora bien, cabe preguntar al Estado ¿Cuántas Jacintas están aun compurgando penas en las prisiones del país? ¿Cuántos casos se han juzgado por circunstancias similares violando las garantías de defensa de los sentenciados? ¿Cuántas veces el Estado a chingado a sus propios ciudadanos?

Casos como el de estas tres mujeres indígenas seguramente existen muchos, y probablemente algunos sentenciados hayan alcanzado ya la libertad y con eso se han conformado; pero el ejemplo de estas tres mujeres que no obstante de que habían conseguido ya su libertad  en el año 2009, no se conformaron y demandaron al Estado por el abuso de autoridad cometido. Eso es lo que se tiene que hacer cada vez que el Estado falte a su obligación de proteger y velar por el bienestar de la gente del pueblo que lo llevo al poder.

Los abusos se siguen cometiendo, aun y cuando se hacen esfuerzos desesperados por lograr una mejor administración de justicia, se le sigue fallando al ciudadano, quien ya está harto de los abusos de la autoridad, que ya no confía en su autoridad, que en lugar de sentir confianza cuando se le acercan, siente temor y a veces terror ante su presencia.

A la autoridad, hay que recordarle que solo puede hacer lo que la ley le permite y faculta hacer, que no porque sea autoridad le está permitido pisotear los derechos de los ciudadanos.

Y a los ciudadanos hay que gritarle a los oídos que el poder está en el pueblo unido, y que son ellos quienes a través de sus votos nombran a las autoridades del Estado, y que son ellos mismos quienes tienen el poder de moverlos. ¿Cuánto mas nos tiene que chingar el Estado?

 

 

 

 

 

 

 

 

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