¿YA TE LEYERON LA CARTILLA?

enfoque-legal-detencion-policial-casos-plazos-l-shq070Con la entrada en funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, mejor conocido popularmente como “JUICIOS ORALES” que cabe hacer la aclaración es un término incorrecto, pero así se dio a conocer este nuevo sistema de justicia penal por algunas autoridades y los medios de comunicación así lo transmitieron.

El 18 junio del año 2008 se dio una Reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, reformándose varios artículos de la Constitución Federal siendo los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.

El principal cambio fue el pasar de un Sistema de Justicia Penal Inquisitivo a un Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial mismo que ya está operando en todo el país, después de vencido el plazo de ocho años que se le dio a todos los Estados para que se adecuaran al nuevo sistema.

Otra reforma transcendental en la justicia mexicana, fue la que se hizo en materia de derechos humanos el 10 de junio del 2011, en la cual se protegen los derechos humanos mediante el principio PRO PERSONA como rector en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que brinden la mayor protección de las personas.

Las reformas mencionadas han revolucionado el actuar de las instituciones del Ministerio Publico y las policías en general, mediante una serie de protocolos que regula la actuación de los agentes del ministerio público y de la policía. Una de las novedades del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de los Protocolos de Actuación de la policía, ya sean federales, estatales o municipales, es garantizar y proteger los derechos humanos de la víctima y del detenido, mediante la lectura la cartilla de derechos a cada uno de ellos cuando se vean involucrados en la comisión de un hecho que la ley señale como delito.

El artículo 132 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que una de las obligaciones del policía al momento de realizar la detención de un ciudadano que ha cometido un delito que fue sorprendido en el momento que lo cometía o bien fue señalado por la victima o un testigo de haberlo cometido, es hacerle saber a la persona detenida los derechos que la Constitución le otorga. Por lo que el policía está obligado a leer a la persona detenida la cartilla de derechos he aquí algunos de ellos:

 

  1. USTED SE ENCUENTRA DETENIDO (A) POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: La causa de la detención puede ser por una falta administrativa o por un hecho que la ley señale como delito. Ya no cabe aquí guardar silencio sobre la causa de la detención o simplemente por mero sospechosísimo.
  2. USTED ES CONSIDERADO (A) INOCENTE, HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO. Contrario a lo que ocurría en el sistema de justicia anterior donde prácticamente se consideraba a todo detenido culpable hasta que se demostrara lo contrario, aquí se privilegia el principio de Presunción de Inocencia.
  3. TIENE DERECHO A DECLARAR O GUARDAR SILENCIO. Casi como se ve en las películas policiacas de Hollywood donde se le dice al detenido que tiene derecho a guardar silencio. Aquí ahora también se da a conocer ese derecho de guardar silencio que ya existía antes de la reforma, pero que ahora se le hace saber al detenido por el policía aprehensor. Por su puesto lo mejor es guardar silencio.
  4. EN CASO DE DECIDIR DECLARAR, TIENE DERECHO A NO INCULPARSE. Es importante saber que se cuenta con ese derecho de no incriminarse, ya que anteriormente por temor al actuar de los agentes de la policía, muchos detenidos terminaban por reconocer su participación en delitos que no habían cometido.
  5. TIENE DERECHO A UN DEFENSOR DE SU ELECCIÓN, EN CASO DE NO CONTAR CON UNO, EL ESTADO SE LO PROPORCIONARÁ DE MANERA GRATUITA. Como una manera de garantizar el respeto a los derechos humanos del detenido y del debido proceso se le debe dar a conocer a la persona detenida que tiene derecho a contar con la defensa de una abogado sea privado u otorgado gratuitamente por el Estado, el cual deberá estar presente en todas las actuaciones que realice la policía, el Ministerio Publico o el Juez de Control o de Juicio.
  6. TIENE DERECHO A UN TRADUCTOR E INTÉRPRETE. En el sistema de justicia anterior, se procesaba penalmente a personas que no hablaban el idioma español, que eran de pueblos indígenas y se les privaba de la oportunidad a contar con un intérprete que hablara su misma lengua para garantizarles una defensa. Ahora es responsabilidad del Estado el proveer los traductores o interpretes que se requieran, cuyo costo será pagado por el mismo Estado.  
  7. TIENE DERECHO A QUE SE LE PONGA EN CONOCIMIENTO DE UN FAMILIAR O PERSONA QUE DESEE, EL HECHO DE SU DETENCIÓN Y EL LUGAR DE CUSTODIA QUE SE HALLE EN CADA MOMENTO. Resulta importante saber que se tiene el derecho de avisar a un familiar o a la persona que se desee, que se encuentra detenido, y el lugar en el que se encuentra detenido para evitar la posibilidad de estar incomunicado o ser víctima de una desaparición forzada.
  8. TIENE DERECHO A QUE SE LE PONGA, SIN DEMORA, A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Si bien es cierto cualquier persona puede realizar una detención de un ciudadano que se sorprenda cometiendo un hecho que la ley señale como delito y por supuesto cualquier agente de policía, también lo es que en ambas situaciones, el detenido debe ser puestos a disposición de la autoridad competente sin demora, es decir lo más rápido que sea posible.
  9. EN CASO DE SER EXTRANJERO, TIENE DERECHO A QUE EL CONSULADO DE SU PAÍS SEA NOTIFICADO DE SU DETENCIÓN. Con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos y el debido proceso a los extranjeros que son detenidos en nuestro país, se exige notificar al Consulado que corresponda a fin de que brinde al ciudadano el apoyo y asesoría que se requiera.

Es muy importante que como ciudadanos conozcamos nuestro Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y sobre todo la amplia gama de derechos que nos otorga nuestra Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos penales y otros ordenamientos paralelos derivados de las dos reformas constitucionales que han transformado nuestro sistema de justicia penal.

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